Promulgada el 10 de abril de 1834, dicha ley que sólo
contaba con 7 artículos, buscaba promover y favorecer la instrumentación
de los principios liberales en la economía venezolana del siglo XIX. De
acuerdo con esto el Estado dejaba absoluta libertad en materia de
contratos y dejaba al deudor totalmente en manos de su acreedor,
eliminando beneficios que históricamente se habían establecido y
reconocido a los deudores en los casos de remate, especialmente en el de
"espera y quita" que otorgaba ciertos plazos y permitía "quitar", es
decir, remitir p perdonar parte o el total de la deuda. En tal sentido,
la ley del 10 de abril de 1834 se caracterizó en términos generales por
otorgar una absoluta libertad de estipular intereses en los préstamos y
la libertad de poder rematar las propiedades sin consideración a su
valor y sin remedio ninguno legal a favor del deudor. En un principio la
ley del 10 de abril fue bien acogida por los hacendados ,comerciantes, y
prestamistas; ya que los mismos disfrutaban de las condiciones
favorables que experimentaban los productos agrícolas venezolanos en el
exterior, lo que tuvo como consecuencia un aumento en el valor de las
exportaciones y una baja considerable de las tasas de interés, las
cuales pasaron del 60% anual, al 24%, 18%, 12%, e incluso a 9%. No
obstante, la crisis económica internacional que se desató a partir de
1842, hizo que los precios de los productos de exportación cayeran de
manera notable, lo que afectó profundamente a la economía venezolana.
Los efectos de la recesión económica mundial
experimentada a mediados del siglo XIX, trajo como consecuencia que
muchos hacendados se empobrecieran y quebraran. En tal sentido, ante el
aumento de las tasas de interés las cuales se habían mantenido a niveles
bajos, las personas que habían conseguido préstamos comerciales se
vieron en la imposibilidad de pagarlos, siendo rematadas sus propiedades
en muchos casos. Ante estas circunstancias la protesta contra la Ley de
Contratos y los tribunales mercantiles no se hizo esperar, durante los
gobiernos de los presidentes José Antonio Páez y Carlos Soublette,
a comienzos y mediados de la década de 1840. Finalmente, el Estado que
hasta ese momento no había intervenido en la economía, decidió derogar
la Ley de abril de 1834, el 24 de abril de 1848, durante la presidencia
de José Tadeo Monagas.
Asimismo, la promulgación de una nueva Ley de Espera y Quita, el 9 de
abril de 1849, estableció la posibilidad de para cualquier deudor
insolvente de solicitar una moratoria de pago. En definitiva, aunque la
Ley del 10 abril de 1834 fracasó en su implementación, representó uno de
los episodios más importantes en la aplicación de los preceptos de la
economía liberal en la Venezuela del siglo XIX.
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